El Gobierno de México ha decidido ponerse de parte de Telefónica en su pugna con el magnate Carlos Slim por controlar el sector de la telefonía fija en el país.
La operadora española de telecomunicaciones ha denunciado denunció a Telmex, la firma de Slim, por negarle acceso a sus redes a través de interconexión. Ante estos hechos, la firma mexicana ha contratacado y ha acusado a Telefónica de incumplir la ley, por mantener un exceso de capital foráneo en su filial mexicana de telefonía fija.
El subsecretario de Normatividad e Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía de México, Carlos Arce, ha querido contrarrestar esta denuncia y ha asegurado que la filial de Telefónica no contraviene, en ningún caso, las leyes mexicanas.
Según Arce, la legislación establece un máximo del 49% de inversión extranjera en las empresas de telefonía fija, pero también tolera un esquema de inversión neutra, por el que el capital de fuera renuncia a determinados derechos de voto. Y así es, explica, en la filial de Telefónica, donde la compañía de César Alierta tiene el 49% de los derechos de voto, mientras que un conocido abogado controla el 51% restante.
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